Vivienda y ladrillo

Hace poco visitó nuestro país, Miloon Kothari, relator especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada. Después de mostrar­se muy crítico con el mercado de la vivienda español, afirmó que entre el 20 y el 25% de la población española está excluida del mercado de la vivienda, debido principalmente a su alto precio. Si nuestra provin­cia en parámetros económicos, de empleo, sociales... son sensiblemen­te peores que los de Andalucía y España, también en el de la exclusión de vivienda lo es.

El problema de la vivienda es una de las principales preocupa­ciones sociales. Actualmente cualquier trabajador que quiera acceder a una vivienda en el "mercado libre" le resulta imposible por su elevado precio. Solo desde la intervención pública con la construcción de viviendas protegidas, bien en régimen de alquiler o en venta, hacen posible que el artículo de nuestra Constitución que manifiesta que todos los españoles tienen derecho a una vivienda. Pero, para que esto sea realmente posible es necesario que desde todas las Administraciones, es decir, los Ayuntamientos, la Comunidad Autónoma y la Administración central se marquen como prioridad la política de acceso a una vivienda digna de aquellas personas que lo necesiten.

Una de las claves para que la política de vivienda tenga éxito es la disposición de suelo público suficiente para satisfacer la necesidad de vivienda. Conseguir este suelo entra en contradicción, la mayoría de las veces con el negocio inmobiliario. Este, desgraciadamente, está generando especulación y desigualdades sociales en numerosas oca­siones. "Especulación" es un término con sentido peyorativo que nos indica las transacciones comerciales o financieras para obtener benefi­cios en las variaciones de los precios. Algún economista diría "reven­der con beneficio". En definitiva, la especulación lo que provoca, entre otras cosas, es el aumento artificial del precio de las cosas, en este caso de las viviendas o el suelo. En definitiva, obtener beneficios económi­cos sin producir nada. Aunque esta especulación está mal vista por los ciudadanos, el sistema económico capitalista, en su fase de globaliza­ción, es netamente especulativo (transacciones de capitales) y por lo tanto necesariamente este sistema genera especulación y desigualda­des.

Según el urbanista Jordi Borja en los últimos 15 años, el 50% aproximadamente del suelo urbanizable ha sido comprado por entida­des financieras. Al beneficio especulativo se añadirá después el benefi­cio generado por la mayoría de las familias españolas hipotecadas de por vida o casi. Está claro que sin necesidad de buscar recetas "sovié­ticas" es indudable que tiene que haber una intervención pública para regular el mercado de suelo y de la vivienda. Desde mi punto de vista los Ayuntamientos tienen que dotarse de instrumentos de gestión de suelo y construcción de viviendas mediante empresas públicas poten­tes y ágiles, con 100% de capital público. Por otro lado tiene que cam­biar la legislación o instrumentos jurídicos, como la Ley del Suelo y por supuesto la valoración de los terrenos para que se tenga en cuenta el fin social de la propiedad y que el suelo urbano o urbanizable es fruto de una decisión político-jurídica, como bien manifiesta Jordi Borja "no es aceptable que la mera propiedad expectante se apropie de un valor crea-do por el trabajo de todos y por la administración pública. "Aunque el problema del acceso a una primera vivienda está ligado al modelo de desarrollo urbanístico, es necesario analizarlo posteriormen­te en otro artículo con más profundidad, así como la financiación sufi­ciente de los ayuntamientos.

En definitiva los poderes públicos tienen que asumir su respon­sabilidad y cumplir con la Constitución vigente en su artículo 47 que nos indica el derecho a una vivienda digna y adecuada y del interés general y el artículo 128 que dice "Toda la riqueza del país en sus dis­tintas formas y sea cual fuere su titularidad esta subordinada al interés general....