La financiación local, ahora

Una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia es la financiación de los Ayuntamientos. Después de 30 años de aprobada la Constitución el articulo 142 es papel mojado. Este articulo dice lo siguiente «Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas». Las penurias y dificultades económicas de las Corporaciones Locales están a la orden del día y la sufren ayuntamientos pequeños, medianos y grandes, y por supuesto de casi todas zonas del Estado, y por supuesto, de todos los grupos políticos. Por lo tanto existen problemas estructurales que afectan al conjunto de ellos.

Una de las claves estriba en las «funciones que la ley atribuye», pues no están claras ni definidas ni, desde luego van acompañadas de los recursos suficientes para poder hacerlas efectivas. La ley de Bases de régimen local es de 1985 y la de Haciendas locales de 1988, ha llovido mucho desde entonces. Ni estas leyes ni los parches sucesivos, a través de reformas, han dejado claro ni las competencias ni los recursos necesarios para poder ejercerlas con eficacia. Hace falta nuevas leyes locales que solventen estos problemas expuestos anteriormente, y que respondan a la nueva realidad social, económica y territorial de nuestro país.

Pero más grave, si cabe, es que los Ayuntamientos han venido y vienen realizando funciones y competencias de otras administraciones, por negligencia o dejadez de las Comunidades Autónomas o del Estado. La institución más cercana a los ciudadanos es el Ayuntamiento. Los ciudadanos, en líneas generales no saben el entramado competencial, lo que demanda es la solución de sus problemas. Históricamente las Corporaciones Locales han respondido a las demandas ciudadanas asumiendo competencias que no le correspondían y con escasos recursos. Los esfuerzos realizados en los Servicios Sociales, el Medioambiente, la Cultura, el Desarrollo Económico, Consumo, Educación, etc, han sido enormes en estas tres últimas décadas. Existe también una Deuda histórica con los Ayuntamientos, que debe pagarse cuanto antes. Según estudios realizados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 30% de los gastos que realizan los Ayuntamientos corresponde a actividades que no son de su competencia. Son los Gastos Impropios. La cuestión se agrava mucho más con la perdida paulatina de la autonomía del gasto al tener que participar en proyectos cuya financiación proviene de transferencias finalistas y condicionadas por las Comunidades Autónomas. Por esto se reivindica ingresos de las Comunidades Autónomas no condicionados y no finalistas. Debe plantearse una reforma de la financiación local en lo que concierne a los tributos locales, a los ingresos del Estado y a los escasos de las Comunidades Autónomas.

La descentralización realizada en nuestro Estado ha dejado al margen a las Corporaciones Locales. Se han realizado reformas de los Estatutos de Autonomía y de nuevo se plantea la financiación autonómica, es hora de que de manera simultanea se resuelva la financiación local.

Los Ayuntamientos tienen el reto de lograr que sus justas reivindicaciones se plasmen en leyes y medidas concretas de manera inmediata, pues su situación es insostenible.

Si la Femp y la Famp, como entidades que agrupan a la mayoría de los ayuntamientos se pliegan una vez más a las directrices del PSOE, partido gobernante y a la vez mayoritario en estas dos asociaciones, se decepcionara a los Ayuntamientos y convertirán a la FEMP y la FAMP en museos de esfuerzos inútiles.

Desde IU planteamos un Pacto Local que fortalezca política y financieramente a los Ayuntamientos, para que puedan asumir con garantías las competencias que la ciudadanía les demanda como administración más cercana.